lunes, 22 de julio de 2013

Ayudas sin control

Gonzalo Gayo
¿Han resultado eficaces y eficientes las ayudas de la UE a la industria alimentaria para aumentar el valor añadido de los productos agrícolas? La pregunta lanzada a los cuatro vientos la formula nada menos que el Tribunal de Cuentas Europeo en un informe especial que servirá de base para establecer mecanismos de evaluación y control de las ayudas en la PAC 2014-2020.
La respuesta es un rotundo “no” tras rastrear más de una veintena de proyectos que sirven de muestra al informe. El Tribunal de Cuentas Europeo sentencia que las ayudas no se ha orientado sistemáticamente a proyectos que potencian de forma eficaz y eficiente el valor añadido de los productos agrícolas.
Conviene recordar que en el marco de la política de desarrollo rural de la UE, se conceden subvenciones a empresas que transforman y comercializan productos agrícolas a través de la medida denominada “Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales”, que tiene como fin la mejora de la competitividad de la agricultura y la silvicultura. En el actual período de programación (2007-2013), el presupuesto de la UE para esta medida es de alrededor de 5.600 millones de euros y se complementa con los fondos nacionales, con lo que la financiación pública total alcanza los 9.000 millones de euros.
Los auditores rastrearon palmo a palmo los proyectos y ejecución de los mismos para concluir que la ayuda no se ha orientado sistemáticamente a aumentar de forma eficaz y eficiente el valor añadido de los productos agrícolas.
L
a medida 123, así se le conoce, contribuye al objetivo del eje 1 de mejora de la competitividad de la agricultura y la silvicultura y es a través de la misma como se conceden fondos públicos a empresas con menos de 750 trabajadores, o con una facturación inferior a los 200 millones de euros, dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas y forestales. Las ayudas se otorgan para financiar inversiones que permitan incrementar el valor añadido de esos productos. Así se prevé, en última instancia, favorecer la competitividad de la agricultura, desarrollando, por ejemplo, nuevas oportunidades de mercado para los productos agrícolas.
El Tribunal de Cuentas proyectos en seis regiones europeas en los que halló supuestos poco realistas, errores de cálculo y otras incoherencias en las previsiones de financiación que no habían sido detectados por las autoridades de los Estados miembros durante la evaluación del proyecto. Señala que los Estados miembros fiscalizados no determinaron las necesidades estructurales y territoriales para la intervención pública, ni definieron los objetivos específicos de la medida.

Por no haber, destaca el informe, los proyectos que recibieron ayudas publicas no disponían de información que indicara si los proyectos subvencionados eran eficaces y sostenibles desde el punto de vista financiero, esto es, que hubiesen logrado objetivos específicos del PDR para la medida, y que hubieran aumentado el valor añadido de los productos agrícola.
La evaluación del Tribunal pretende generar modificaciones en los programas actuales cuando sea necesario, pero también contribuir al diseño de los próximos programas (2014-2020). Señala también que los Estados miembros deberían determinar claramente dónde y por qué es necesaria la intervención pública para aumentar el valor añadido de los productos agrícolas y, por tanto, la competitividad de la agricultura. Es por ello que frente a la actual arbitrariedad se deben definir objetivos específicos y mensurables ateniéndose a estas necesidades y advierte a la Comisión que solo debería aprobar aquellos PDR que presenten estrategias fundamentadas y completas, con un fundamento claro, para demostrar el modo en que la ayuda financiera a la industria alimentaria permitirá mejorar la competitividad y también beneficie a los productores.
Los Estados miembros deberían definir y aplicar con continuidad criterios que garanticen la selección de los proyectos más eficaces y sostenibles con respecto a los objetivos específicos de los Estados miembros, con el fin de aumentar el valor añadido de los productos agrícolas y la competitividad de la agricultura.
El Tribunal exige a la Comisión que abra los ojos ante el uso del dinero público e incite a los Estados miembros a adoptar la práctica según la cual los gastos de las inversiones solo son subvencionables a partir de la fecha de aprobación de la así como en la mejora de las actuales actividades de evaluación.

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