lunes, 30 de julio de 2012

Liquidez en el campo


Los agricultores valencianos denuncian la pérdida continuada de ingresos de los productores y, de hecho, considera urgente que informe a los agricultores y ganaderos de la situación de las ayudas impagadas que fueron resueltas ya favorablemente desde hace tiempo. A estas alturas pocos dudan que la agricultura esté siendo utilizada como moneda de cambio en la crisis que azota al viejo continente.
La caída de precios que sufre el campo, y la consiguiente pérdida de renta agraria, está siendo alimentada desde Bruselas y en los gobiernos nacionales para mantener a raya la inflación ante la escalada de precios energéticos.


No obstante para taponar la herida, Bruselas ha anunciado el adelanto del pago único mientras sigue sin actuar sobre el origen del problema que no es otro que la falta de una política agraria común y la defensa de nuestros agricultores.
Más de 900.000 agricultores españoles podrán percibir a partir del próximo 16 de octubre un adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por un importe total de alrededor de 2.700 millones de euros. Estos anticipos son del 50% de todas las líneas de pagos directos incluidos en el primer pilar de la PAC. El otro 50% de los pagos de la campaña 2012 se realizarán a partir del 1 de diciembre.
Mientras Bruselas trata de inyectar algo de liquidez en el campo ante los precios ruinosos se denuncia por parte de los agricultores valencianos que aun no se han cobrado las deudas contraídas de la administración valencianos con los agricultores. La falta de liquidez de la Generalitat afecta seriamente a nuestros agricultores, sin margen alguno de maniobra ante las perdidas por la sequia y heladas sufridas en esta campaña. Desde la Unió de Llauradors se ha hecho entrega de 8.000 escritos de agricultores y ganaderos para que les comunique cuándo van a cobrar las ayudas pendientes que asciende 22 millones de euros. También piden que les informe del modelo de sector productor agrario que pretende establecer y de cómo lo quiere conseguir a fin de evitar la pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrarias valencianas, principalmente a causa de los bajos precios percibidos por las producciones agrícolas y ganaderas.
Mientras tanto el nuevo proyecto de la PAC sigue su andadura en la que España hace valer el mínimo aceptable para modernizar el sector con una estimación de 4.500 millones de euros para la investigación y la innovación. El gobierno señala que fortalecer al sector productor y vertebrar el sistema agroalimentario español son los objetivos básicos. Objetivos loables y necesarios que pasan por atender las necesidades de nuestros agricultores y garantizar una renta agraria que premie el esfuerzo frente a la especulación de los mercados y el oligopolio de las grandes superficies.
Y es que desde la perspectiva europea se sigue en la línea de reinventar la realidad en vez de apoyar a los agricultores en la modernización de sus instalaciones y potenciar su desarrollo ecológico. Es el caso del 'pago verde', incluido en la reforma de la PAC, en la que se contempla un impuesto que obligue a la diversificación de cultivos que propone la norma. Habría que preguntar a los aceituneros de Jaén y sus milenarios olivos que piensan hacer para diversificar sus productos o a los citricultores valencianos, murcianos o andaluces. El ‘pago verde’ que se debería imponer es a tanto burócrata europeo que en su vida ha pisado un campo y se permite el lujo de dar lecciones de sostenibilidad a quienes cada día, de sol a sol, con su esfuerzo nos ofrecer lo mejor de la tierra para nuestra saludable alimentación y conservación del medio ambiente. Lo que deben hacer y debería estar resuelto hace años, es garantizar una renta agraria digna frente a las prácticas oligopolisticas de las grandes superficies. Lo que deben garantizar desde Bruselas es que la agricultura deje de ser el instrumento que manejan en la CE para controlar la inflación a costa de hundir precios a golpe de tratados con terceros y de meter mercancías por la puerta de atrás. Lo que deben hacer sus señorias en el Parlamento y en la CE es premiar la sostenibilidad y a quienes nos garantizan una saludable alimentación con productos de calidad en vez de buscar tasas encubiertas para pagar a tanto euroburócrata que se permite el lujo de viajar en clase preferente y con sueldos de escándalo a costa del esfuerzo de los ciudadanos y e nuestros agricultores.
 


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