viernes, 20 de abril de 2012

JUSTICIA Y RECONOCIMIENTO A LA MUJER RURAL

El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer trabajadora. Una fecha con gran significado para las mujeres en todo el mundo y también para los 8 millones de mujeres rurales que viven en los pueblos de España. Las organizaciones de mujeres rurales en nuestro país lamentan que sus históricas reivindicaciones siguen sin atenderse. Es el caso de la titularidad compartida de las propiedades agrarias siendo aun un espejismo a que hace un año se aprobó una ley que es papel mojado. Tampoco se ha avanzado en una igualdad cuando en la España del siglo XXI más del 20% de las mujeres viven bajo el umbral de la pobreza y que afecta especialmente al colectivo de viudas y personas mayores en el mundo rural.
Es posible que esta realidad no se vea desde los cómodos despachos de las administraciones, sea en Madrid, Bruselas o Valencia, pero sin duda son responsables directos de las injusticias y del sufrimiento en silencio de millones de mujeres del mundo rural que cada 8 de marzo alzan su voz para quien quiera escuchar.



Tampoco la Política Agraria Común (PAC) ha sido incapaz de superar las discriminaciones de las mujeres del campo obviando la igualdad real de género como alternativa para el desarrollo sostenible. Es necesario que la nueva política agraria común contemple en la agenda del 2013-2020 unos presupuestos con análisis e indicadores del impacto de género. La igualdad de género en el mundo rural es un asunto prioritario, que afecta a los derechos humanos, la ética y los principios democráticos.
La Presidencia española de la UE debe establecer un marco jurídico de seguridad para las mujeres campesinas y crear los registros de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, paso previo imprescindible para que las mujeres que trabajan, y quieran ser titulares junto con sus parejas de una explotación, tengan los mismos derechos a efectos de ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas.
Las mujeres rurales reclaman una vez más la puesta en marcha en todas las Comunidades Autónomas del Registro de Explotaciones de titularidad compartida, aprobado hace ahora un año y que de momento es papel mojado ante el inexplicable retraso en su aplicación. No es de recibo que los gobernantes y administraciones hagan tal dejación de sus obligaciones porque simplemente las mujeres del campo prefieren sufrir en silencio tantas injusticias antes que alzar su voz.
En la España del siglo XXI sufrimos una tasa de pobreza del 21% y que afecta especialmente a las mujeres mayores, en la mayor parte de casos son viudas con una exigua pensión pese a dejarse la vida en el campo, de sol a sol.
La discriminación que sufre la mujer en el campo no parece que figure en la agenda de las prioridades de movimientos que luchan por la igual de una mujer que mira más a la ciudad y que en demasiadas ocasiones da la espalda a la realidad del campo.
Ni la Política Agraria Común (PAC) de Bruselas, ni las leyes de los gobiernos en Madrid o Valencia han sido capaces de superar las discriminaciones de las mujeres campesinas obviando la igualdad real de género como alternativa para el desarrollo sostenible.
Las mujeres del ámbito rural tienen que salir de la invisibilidad y de una economía que las ignora pese a llevar gran parte del peso del campo y reconocer el papel fundamental que juegan en la sociedad rural, por lo que es necesario una mayor presencia en los órganos donde se toman las decisiones, tanto en la política local, como en los grupos de desarrollo rural y en los consejos rectores de las cooperativas ya que en la actualidad sólo representan un 3%.
No habrá una Ley de Economía Sostenible efectiva sin que la mujer desempeñe un papel reconocido de liderazgo e incorpore medidas en favor de la igualdad, especialmente en el campo.
Las discriminaciones que siguen padeciendo los ocho millones de mujeres que viven en nuestros pueblos, su invisibilidad y la falta de reconocimiento de su trabajo como agricultora y ganadera es sin duda una de mayores injusticias de nuestro tiempo. Hay que erradicar la feminización de la pobreza y para ello es necesario potenciar la formación y el empleo de las mujeres.
En la Europa del siglo XXI un 35% de los trabajadores del campo son mujeres pero solo un 13 por ciento aparece como responsable principal de la explotación agraria y, además suelen ser explotaciones de tipo pequeño y marginal. Además, las jornadas laborales de las mujeres rurales son las más extensas del conjunto de la Unión Europea y en Grecia, Portugal, España e Irlanda se superan muy ampliamente las 40 horas.
Además, el trabajo asalariado femenino en la agricultura y en la agroindustria es fundamentalmente eventual, concentrándose sobre todo en Andalucía, Murcia y Extremadura el 83% de las jornadas realizadas y en Canarias el 24,5% de las mujeres asalariadas fijas discontinuas. En la industria agroalimentaria, hay una importante aportación de trabajo femenino que puede cifrarse en aproximadamente un 31%, y es un empleo generalmente eventual.
Las mujeres rurales exigen justicia, reconocimiento y oportunidades desde una formación y empleo que permita quedarse en sus pueblos. Es necesario tambien que se haga justicia muy especialmente a las viudas y nuestros mayores que se dejaron la vida en el campo y hoy sufren pensiones de miseria que les condenan a la más absoluta pobreza.

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