jueves, 2 de febrero de 2012

Estudio Funcas


Los compromisos adquiridos por España de reducir el déficit público al 4,4% para 2012 y 3% en 2013, en un contexto de estancamiento de la economía, fuerte endeudamiento de los agentes y crisis de la deuda soberana, plantea un reto titánico a la sociedad española.
El esfuerzo de contención del gasto público para alcanzar dicho objetivo en 2012 se enmarca en crecimiento del 0,8% de la economía española mientras la ratio ingresos/PIB se sitúa en el 35,6% del PIB, unos 10 puntos porcentuales por debajo de la previsión de la CE para el conjunto de la zona euro.
Todo ello, en un año de difíciles condiciones financieras y en un contexto internacional poco favorable, supone un impacto restrictivo muy fuerte sobre el crecimiento de la demanda, siendo esta la causa principal de la caída del PIB y del empleo previstos para 2012. A pesar de ello, en el contexto de la crisis de la deuda soberana europea y de las medidas tomadas en el seno de la zona euro para hacerle frente, no quedan alternativas para una actuación distinta por parte de las autoridades españolas, según señala el último informe realizado por la fundación de las cajas de ahorro, Funcas.




Los autores de dicho estudio estiman que la administración central va a cumplir en 2011 los objetivos de déficit, pero no así las administraciones territoriales y la Seguridad Social, lo que en conjunto supondrá un desequilibrio para este año del 7,5%, es decir, una desviación de 1,5 puntos porcentuales respecto al compromiso adquirido.
En este contexto, alcanzar el 4,4% de déficit para 2012 tendrá un impacto contractivo sobre el PIB y el empleo. Sin embargo, este esfuerzo es ineludible y además debe ir acompañado de profundas reformas en mercados e instituciones.
Los expertos apremian al saneamiento y el requilibrio de las finanzas públicas. Sin olvidar su filosofía redistributiva, debe revisarse a fondo nuestro sistema tributario, de manera que se potencie al máximo su poder recaudatorio sin que por ello se desincentive la actividad, el consumo, el ahorro y la inversión, y en paralelo,
debe actuarse en el terreno del gasto, apurando hasta lo indecible las ganancias de eficiencia, para continuar ofertando todo un conjunto de servicios públicos esenciales.
Añaden que ha llegado el momento de emprender una profunda reforma de las administraciones públicas, que esté guiada por un criterio esencial que emana de los cánones de la teoría del federalismo fiscal. A corto plazo, el saneamiento de las finanzas públicas es un cometido ineludible si queremos cumplir con los compromisos adquiridos con las instancias europeas.
Para los profesores Francisco Alvira y José García López, destacan en el nº 225 de los mencionados cuadernos de Funcas, cómo la mayoría de los españoles al abordar sus preferencias por el liberalismo económico o la intervención amplia del Estado en el bienestar de todos los ciudadanos se inclina por este segundo modelo.
Según las encuestas, los aspectos más positivos del Gasto Público en 2010 han sido: el grado de utilización de los servicios, la satisfacción de los usuarios con la Sanidad Pública (el 84% ha acudido a algún ambulatorio y un 52% a un hospital público), la Enseñanza y la Policía. Frente a esta satisfacción, hay una fuerte crítica a la gestión del subsidio de desempleo (sólo acude un 15%), pensiones, Administración de Justicia y vivienda.
Más de la mitad de los españoles (58%) opina que pagan muchos impuestos y una gran mayoría (91%) percibe la existencia de bastante fraude. Tampoco la gente es optimista sobre su evolución; sólo un 13% opina que el mismo ha disminuido.
En 2010 (renta 2009), el 68% de la población ha presentado su declaración del IRPF, un 14% reconoce que en este año le han controlado alguna declaración de los cinco ejercicios anteriores y otro 14% lo cree probable.
Por último, un 85% de los individuos manifiesta que los impuestos no se distribuyen con justicia en España y que no son suficientemente progresivos y no redistribuyen la renta con arreglo a las convenciones sociales dominantes.
El último sondeo de FACTAM y recogida en los cuadernos muestra de nuevo una
pérdida de confianza de los ciudadanos en la situación económica. El Índice de Sentimiento del Consumidor (ISC) arroja un valor de 65, con una reducción de cuatro puntos respecto de junio. Un 71% manifiesta un marcado grado de pesimismo sobre la economía nacional (de ellos, un 45% de individuos expresa una opinión radicalmente pesimista) y esperan que vaya a peor en los próximos meses.
Respecto a la economía familiar, un 23% percibe que su situación ha empeorado durante los últimos meses y que en 2012 serán aún peor. Un 29% de los consumidores manifiesta una postura sin cambios en relación a la economía doméstica.
El paro es el primer problema de España para el 81% (de este porcentaje, un 57% cree que aumentará), ocupando el segundo puesto los problemas económicos del país en general. Para un 16%, la inflación despierta preocupación: en noviembre, un 54% opina que los precios crecieron poco.
Los efectos de la actual crisis sobre el empleo muestran dos rasgos diferenciales muy claros respecto a crisis anteriores: ser más destructiva en términos de puestos de trabajo – 1,5 millones frente a los 370 mil de los años ochenta o los 580 mil de los años noventa-, y afectar en mayor medida a ciudadanos extranjeros, que en 2011, se aproximaban en España a los seis millones de habitantes.
Concluye el estudio realizado por la fundación de las cajas de ahorro españolas que la Obra Social de estas entidades financieras ha descendido a menor ritmo que los beneficios y apuesta por mantener los programas sociales para evitar una peligrosa fractura de la sociedad.

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