jueves, 17 de febrero de 2011

El mayor atraco de la historia

La especulación sobre la deuda española nos ha costado nada menos que 5.000 millones de euros, un 22% más de lo previsto, durante el pasado año. Cantidad que suficiente para haber lanzado un plan de choque contra el paro, o la modernización de la agricultura hacia un modelo sostenible y en el que nuestros agricultores participaran en un proyectos de nuevas energías. Con 5.000 millones podríamos haber construido dos AVE como el de Madrid Valencia o celebrado 10 veces la Copa América con las inversiones realizadas en el puerto de Valencia en diez sitios diferentes.
Sin embargo, esos 5.000 millones de euros que nos ha costado el fuerte incremento de la rentabilidad ofrecida en 2010 para colocar Letras a corto plazo –con vencimiento entre tres meses y año y medio– esta hoy en el bolsillo de los especuladores que han logrado con infundíos que se disparará un 22% la partida destinada a la retribución de los inversores que en su día le prestaron su dinero a la economía española. Así, si el año pasado cobraron 23.000 millones en concepto de intereses por comprar la deuda del país, este año percibirán 28.000 millones.
A diferencia de países como Alemania en el que empresarios, sindicatos, gobierno y oposición reman en la misma dirección, aquí seguimos pensando en el corto plazo haciendo el juego a quienes están dispuestos a chuparnos la sangre de nuestros impuestos. Cierto es que parece, aunque un poco tarde, que nos ponemos las pilas tras los últimos acuerdos alcanzados por los agentes sociales y el Gobierno, pero seguimos necesitados de grandes acuerdos y consensos para afrontar el reto de la creación de empleo y la modernización del sistema productivo que permita mantener y mejorar el estado de bienestar.
Nuestra agricultura esta también necesitada de grandes acuerdos y más cuando a la vuelta de la esquina se prepara una nueva PAC que puede deparar sorpresas. Afortunadamente y esperemos que sirva de ejemplo en la defensa otros intereses del estado, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición de ley del PP, pactada con PSOE y CiU, que insta al Ejecutivo a trabajar activamente en la Unión Europea (UE) para garantizar el mantenimiento del mismo nivel de ayudas directas a los agricultores españoles y al desarrollo rural.
El texto de la iniciativa reclama que el Ejecutivo busque lograr una Política Agraria Común (PAC) sea fuerte y bien dotada económicamente que no reduzca el actual nivel de apoyo financiero que recibe la agricultura europea.
En este sentido, defiende que la PAC debe mantener dos pilares bien diferenciados con políticas de apoyo a las rentas y los mecanismos de gestión de mercados por un lado y, por el otro, con políticas orientadas al desarrollo rural.
Asimismo, apuesta por el mantenimiento de pagos directos como el mejor mecanismo de mantenimiento de renta. También plantea que las ayudas cuenten con unos criterios de diferenciación objetivos y no discriminatorios para que sigan suponiendo un apoyo a la renta que posibilite la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Además, pide que se mantengan los mecanismos de gestión de los mercados para evitar la volatilidad de precios y la descompensación en la cadena agroalimentaria de valor y que debieran ser efectivos a la hora de combatir el oligopolio de las cadenas de distribución y alos especuladores que campan a sus anchas en los mercados de futuros.
La especulación sobre el sector alimentario alcanza dimensiones globales y amenaza con la hambruna a los países más pobres.
Desde Bruselas se limita la Comisión Europea (CE) ha proponer realizar un estudio sobre el aumento de los precios de las materias primas y de los alimentos mientras el G20 afirma que no hay prisa y el tema se abordara en junio aunque sera demasiado tarde para millones de ciudadanos en el mundo. Los burócratas europeos tienen claro que existen vínculos entre los mercados financieros y los de las materias primas, pero no mueven un dedo, y menos cuando Alemania y Francia están detrás de las grandes cadenas de distribución alimentaria que arruina a los agricultores europeos.
Eso si. Para arrancar viñedos o que los agricultores se vayan a su casa surgen partidas de apoyo hasta debajo de las piedras. De hecho, España recibirá de Bruselas 127,97 millones de euros para el arranque de 26.316 hectáreas de viñedos esta campaña 2010-2011, lo que supone casi el 46,3% de las subvenciones previstas para el conjunto de la Unión Europea. Esperemos que las administraciones españolas apoyen a nuestros agricultores a seguir adelante y a no tirar la toalla. Las futuras generaciones se lo agradecerán.

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